SANTO DOMINGO.- Las nóminas ocultas identificadas en el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillado (INAPA), en las que se pagaron unos RD$718.2 millones, podrían terminar en una acusación por prevaricación contra la pasada administración de esa entidad, de demostrarse que dichos pagos fueron irregulares.
Así lo planteó el abogado a Marino Elsevif, quien entiende que, si bien el Inapa tiene facultad para contratar empleados temporales, los contratos deben estar sujetos a una labor específica que sea verificable ante cualquier escrutinio interno.
De acuerdo con las ejecutivas del Inapa, Yanet Binet, directora de Recursos Humanos, y Ruth Chevalier, asesora de la Dirección Financiera, las nóminas, con un total de 1,475 empleados, corresponden a brigadas especiales y jornaleros temporales, pero afirman que hasta el momento no han encontrado expedientes ni evidencias físicas ni digitales que demuestren que esas personas realizaban una labor para esa institución.
Indicaron que a la llegada de la nueva gestión que encabeza Wellington Arnaud en el Inapa, supieron de la existencia de esos empleados por el reporte de los pagos, que obligó al uso de peritos tecnológicos para detectar la existencia de las nóminas.
El exdirector del Inapa, Horacio Mazara asegura que la razón por la que esos trabajadores no estaban en una nómina regular fue porque eran temporales, pero sostiene que esas brigadas ejercían de inspectores en varias zonas del país y que gracias a ellas se logró incrementar las recaudaciones del Inapa.
El abogado Elsevyf entiende que se debe esperar a los resultados de la auditoría que sobre ese particular inició la Contraloría General de República y que si se determina que no hay evidencia de la labor, se estaría ante uno de los casos tipificados el artículo 166 del Código Penal Dominicano, en lo referente a los crímenes cometidos por funcionarios públicos durante el ejercicio de sus funciones.
Dice que la forma fraudulenta y manipulada que se describe en el hallazgo de las nóminas debe llamar a preocupación sobre la forma en que se manejan los funcionarios públicos.
Desde la llegada en agosto pasado de una nueva dirección, en el Inapa han sido cancelados unos 2,927, pero también se han contratado 1,828, llevando la nómina general a 6,643 empleados.

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